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Hacia la excelencia y la innovación en el control fiscal
LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN
AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
En una conocida
definición se afirma que la construcción de la paz en el post conflicto
consiste en “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras
tendientes a fortalecer y consolidar la paz para evitar una recaída al
conflicto”. (Boutros-Ghali 1992)
Así las cosas, la Contraloría General de la República -y
las contralorías territoriales-, tendrán un reto mayor, cual es el de adoptar
específicos mecanismos institucionales, metodológicos y programáticos, para
ejercer un control fiscal oportuno, efectivo, con articulación ciudadana, que
permita verificar: la gestión y los resultados de esas agencias públicas estatales,
y eventualmente privadas que administren fondos o bienes públicos.
De igual modo, deberá tenerse en cuenta las fuentes de
los recursos, pues está claro que los mismos no sólo provienen del esfuerzo
fiscal gubernativo, sino que igualmente derivan de ayudas internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales, escenario que requiere de una especial
atención de seguimiento y evaluación.
Por dar un
ejemplo, y según la propia Contraloría General de la República, entre $1,8
billones y $2,7 billones de pesos (a precios constantes de 2013) puede ser la
inversión de recursos requerida por el Estado colombiano en caso de una posible
desmovilización de los miembros de las FARC, inversión que sólo corresponde a
los programas que ha incluido el Gobierno Nacional en la Política Pública de
Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, cifra
en todo caso, conservadora.
Lo
anterior
incluye la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
la ley de regalías, y en general la política económica, educativa, en salud, ambiental,
entra tantas, que el Gobierno diseñe específicamente con ese intención, contenidas
en el Plan Nacional de Desarrollo.
El control fiscal, como nunca antes, deberá además proyectarse
a través de canales masivos de
información y opinión pública, para de igual forma visibilizar los resultados
de ese control fiscal especial, manteniendo informada a la sociedad sobre la
gestión y los resultados gubernativos de aquella política pública
postconflicto, con su debido escalonamiento microinstitucional, todo con el fin
de asegurar el efecto social que debe provocar dicho control que precisamente
se ejerce en nombre de los colombianos.
La Auditoría General de la República, sin perjuicio de
aquella publicidad, viene proyectando un programa de comunicación de los
resultados integrales del control fiscal, complementado con veedurías
ciudadanas (dirigidas sobre la gestión pública de las Contralorías), que
igualmente apoyará la transmisión fiel y cualificada de los resultados del
nuevo control fiscal exigible frente al reto de la transición histórica del
conflicto a la anhelada paz.
El escenario
natural del posconflicto será un contorno territorial específico del país, sin
perjuicio de que los efectos positivos tengan un evidente alcance nacional.
Así, por dar otro ejemplo, según Naciones Unidas son 125, de 1.122 municipios
del país, en donde se concentrará el posconflicto en Colombia.
Si está claro
además que las acciones estatales nacionales deberán proyectarse en esos
ámbitos, es necesario convenir en la necesidad de fortalecer el ordenamiento
territorial, o bien en lo departamental –como nivel intermedio-, o en lo municipal
–como nivel estrictamente local-, o en ambos, pues justamente es allí en donde
se conjugarán los factores institucionales necesarios para garantizar una paz
duradera.
En esta
“descentralización del posconflicto” las Contralorías territoriales juegan un
rol sustantivo, razón por la cual deben ser fortalecidas, eso sí, introduciendo
los necesarios ajustes normativos, tales como el sistema de elección de los
contralores, que garanticen una mayor independencia en el ejercicio de esa
función de vigilancia y control.
Sería un desatino pretender que la Contraloría General de
la República asumiera esas tareas, pues a más de no poseer la capacidad técnica
e institucional necesaria para esa cobertura, está claro que es en el propio entorno
territorial en donde se estructura un conocimiento cualitativo y cuantitativo
de las realidades socio-económicas y territoriales concretas, a más de la
legitimidad y credibilidad que allí entrañan las autoridades públicas con
arraigo local.
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