martes, 17 de febrero de 2015

EL CONTROL FISCAL: pieza esencial en un escenario de post-conflicto.

LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN
AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En una conocida definición se afirma que la construcción de la paz en el post conflicto consiste en “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y consolidar la paz para evitar una recaída al conflicto”. (Boutros-Ghali  1992)
 
Así las cosas, la Contraloría General de la República -y las contralorías territoriales-, tendrán un reto mayor, cual es el de adoptar específicos mecanismos institucionales, metodológicos y programáticos, para ejercer un control fiscal oportuno, efectivo, con articulación ciudadana, que permita verificar: la gestión y los resultados de esas agencias públicas estatales, y eventualmente privadas que administren fondos o bienes públicos.

De igual modo, deberá tenerse en cuenta las fuentes de los recursos, pues está claro que los mismos no sólo provienen del esfuerzo fiscal gubernativo, sino que igualmente derivan de ayudas internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, escenario que requiere de una especial atención de seguimiento y evaluación.

Por dar un ejemplo, y según la propia Contraloría General de la República, entre $1,8 billones y $2,7 billones de pesos (a precios constantes de 2013) puede ser la inversión de recursos requerida por el Estado colombiano en caso de una posible desmovilización de los miembros de las FARC, inversión que sólo corresponde a los programas que ha incluido el Gobierno Nacional en la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, cifra en todo caso, conservadora.

Lo anterior incluye la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la ley de regalías, y en general la política económica, educativa, en salud, ambiental, entra tantas, que el Gobierno diseñe específicamente con ese intención, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El control fiscal, como nunca antes, deberá además proyectarse a través de canales masivos de información y opinión pública, para de igual forma visibilizar los resultados de ese control fiscal especial, manteniendo informada a la sociedad sobre la gestión y los resultados gubernativos de aquella política pública postconflicto, con su debido escalonamiento microinstitucional, todo con el fin de asegurar el efecto social que debe provocar dicho control que precisamente se ejerce en nombre de los colombianos.


La Auditoría General de la República, sin perjuicio de aquella publicidad, viene proyectando un programa de comunicación de los resultados integrales del control fiscal, complementado con veedurías ciudadanas (dirigidas sobre la gestión pública de las Contralorías), que igualmente apoyará la transmisión fiel y cualificada de los resultados del nuevo control fiscal exigible frente al reto de la transición histórica del conflicto a la anhelada paz.

El escenario natural del posconflicto será un contorno territorial específico del país, sin perjuicio de que los efectos positivos tengan un evidente alcance nacional. Así, por dar otro ejemplo, según Naciones Unidas son 125, de 1.122 municipios del país, en donde se concentrará el posconflicto en Colombia.

Si está claro además que las acciones estatales nacionales deberán proyectarse en esos ámbitos, es necesario convenir en la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial, o bien en lo departamental –como nivel intermedio-, o en lo municipal –como nivel estrictamente local-, o en ambos, pues justamente es allí en donde se conjugarán los factores institucionales necesarios para garantizar una paz duradera.

En esta “descentralización del posconflicto” las Contralorías territoriales juegan un rol sustantivo, razón por la cual deben ser fortalecidas, eso sí, introduciendo los necesarios ajustes normativos, tales como el sistema de elección de los contralores, que garanticen una mayor independencia en el ejercicio de esa función de vigilancia y control.

Sería un desatino pretender que la Contraloría General de la República asumiera esas tareas, pues a más de no poseer la capacidad técnica e institucional necesaria para esa cobertura, está claro que es en el propio entorno territorial en donde se estructura un conocimiento cualitativo y cuantitativo de las realidades socio-económicas y territoriales concretas, a más de la legitimidad y credibilidad que allí entrañan las autoridades públicas con arraigo local.

La visión nacional del país no puede olvidar que la creación de un sistema endógeno de gobernabilidad territorial, en ese designio instrumental de consolidar un proceso de paz, debe incluir todas las estructuras propias de administración y gobierno, dentro de las cuales el control fiscal tiene una caracterización del mayor peso institucional, y que a su vez hace parte  integral de un modelo democrático con énfasis en la descentralización.

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